Los edificios de Pamplona tienen este material cancerígeno y el Ayuntamiento quiere eliminarlo: pero costará mucho dinero

Cuando se construye un edificio, se emplea una gran cantidad de materiales. Aunque con el tiempo los estudios y desarrollos han mejorado la calidad de las construcciones y de los materiales para evitar problemas en los edificios y en la salud de quienes los ocupan, todavía quedan asignaturas pendientes (el incendio de Valencia así lo demuestra).

Un caso particular es el del amianto, un material que, aunque está prohibido en la Unión Europea desde 2005, ha sido ampliamente empleado durante muchos años en la construcción y aún sigue presente en fachadas, cubiertas y chimeneas de edificios construidos a finales del siglo pasado. Por esta razón, en Navarra ya están planeando eliminar este material de las construcciones, tanto públicas como privadas.

El peligroso amianto

Si tienes unos años, seguramente has escuchado hablar del amianto. Se trata de un grupo de minerales fibrosos que fueron muy utilizados por su resistencia al calor, durabilidad y capacidad de aislamiento. Sin embargo, estudios realizados con el tiempo han demostrado que inhalar sus fibras puede ser extremadamente peligroso para la salud, ya que puede causar enfermedades graves como el cáncer de pulmón y la asbestosis.

Tan peligroso es que la Ley 7/2022, del 8 de abril, sobre residuos y suelos contaminados para una economía circular, estableció a nivel estatal la obligación de retirar el amianto de todas las instalaciones y edificios públicos antes de 2028. Los ayuntamientos son los encargados de establecer un censo de los edificios en los que este material está presente, aunque la demora en este proceso hará difícil que se cumpla dicho plazo.

Sin embargo, en la Comunidad Foral de Navarra, y específicamente en el Ayuntamiento de Pamplona, ya han empezado a actuar. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona ha autorizado la elaboración de un censo de edificios, tanto públicos como privados, en los que haya amianto. El objetivo es tener este censo finalizado a mediados de 2025 (elaborarlo llevará tres meses una vez adjudicado) para comenzar con la eliminación del material.

Según informan en OKDiario, gracias a la elaboración de este censo se podrá identificar y evaluar el estado del amianto presente en fachadas, cubiertas, chimeneas, etc., y se realizará un informe detallado de todos los edificios susceptibles de inspección. Con este informe, se priorizará la retirada del amianto en función de su estado, así como del grado de peligrosidad y exposición a la población más vulnerable.

Pamplona pretende cumplir con los plazos establecidos por la Unión Europea, que exigen que para 2032 el amianto haya desaparecido de todas las edificaciones. Aunque el censo debería haber estado listo en 2023, desde el consistorio esperan que para 2028 se haya eliminado este material de todos los edificios públicos, cumpliendo con el objetivo fijado por Europa.

Primeras intervenciones

Una de las primeras intervenciones se realizará en el edificio de Oscus, ubicado entre las calles Navarrería, Carmen y Redín, cuya demolición ha estado prevista durante décadas. Este edificio, según el concejal de Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030, Joxe Abaurrea, "contiene un nivel considerable de amianto y presenta un estado avanzado de degradación tras años en desuso".

Otro de los edificios en los que se actuará es la nave de Aceros Sadar, un espacio de titularidad privada perteneciente al Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal (PSIS) de la Universidad Pública de Navarra (UPNA), que ya ha sufrido diversos incendios y donde actualmente pernoctan personas.

En los edificios públicos está claro que la administración será la encargada de asumir los costos de los trabajos, pero en las construcciones privadas la situación es más compleja. Será el área de Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030 la encargada de informar y requerir actuaciones según el censo. Como ha reconocido el propio Abaurrea, será un trabajo largo y complicado.

Además del censo, el problema principal es el coste de la retirada de este material, ya que el proceso no es barato. Por ello, desde el Ayuntamiento tienen previsto habilitar, junto con el Gobierno de Navarra, una bolsa de ayudas para incentivar el interés en la eliminación del amianto.

Empresas autorizadas

El problema llega aquí con el precio que tiene deshacerse de este material. Primero porque para hacerlo habrá que contar con una empresa que esté autorizada y segundo por el coste económico que tiene llevar a cabo el proceso.

De entrada y según el Real Decreto 396/2006, solo las empresas que estén debidamente homologadas en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA), están autorizados para llevar a cabo la demolición y retirada de este material.

Para proteger la salud de los trabajadores y el medio ambiente, cualquier proyecto de retirada de amianto sólo podrá realizarse por empresas certificadas y capacitadas

Esta medida busca proteger la salud de los trabajadores y el medio ambiente. El incumplimiento de esta normativa puede acarrear sanciones que van desde los 400 hasta los 800.000 euros, según la gravedad de la infracción.

Antes de comenzar cualquier trabajo de retirada de amianto, es obligatorio presentar un Plan de Amianto que detalle el proyecto, los métodos de eliminación, las medidas de seguridad y los procedimientos de gestión de residuos. Este plan debe ser aprobado por la comunidad autónoma correspondiente para garantizar el cumplimiento de todas las normativas.

Los trabajadores involucrados en la retirada de amianto deben usar equipos de protección individual (EPI), como trajes y mascarillas especiales, y deben ducharse al finalizar su turno para eliminar cualquier posible fibra adherida. El amianto retirado debe ser encapsulado y transportado a vertederos especializados. También se recomienda realizar mediciones ambientales tras la retirada para confirmar que no queden fibras peligrosas en el aire.

Un problema económico

Y por todos estos requisitos, a la hora de retirar este material de una edificación, hay que hacer frente al otro gran problema: el dinero. Y es que sobre todo en el caso de edificios privados, máxime si se trata de pocos vecinos, el coste de la retirada de material puede suponer todo un problema.

Sin ir más lejos, en mi edificio, por ejemplo, construido en 1974, hay un tubo de amianto que servía como salida de gases para la antigua caldera. Un tubo situado en un patio interior a vista del resto de vecinos y que queremos quitar antes de proceder con la pintura. Sin embargo, tan solo la eliminación del tubo tiene un coste de casi 4.000 euros, lo cual es mucho dinero para un edificio con solo 10 vecinos. Por eso, es crucial que existan bolsas de ayudas económicas para facilitar la retirada del amianto en edificios privados.

Foto de portada | Brands&People en Unsplash

Vía | Navarra.com