Huelga de alquileres. Así es la medida de presión que se extiende en España para luchar contra las cláusulas abusivas

La vivienda, en lugar de ser un refugio, se ha convertido en una gran preocupación para los españoles, según el según el CIS, que la sitúa como el tercer tema de mayor inquietud tras la economía y la sanidad. Un mercado tensionado en muchas ciudades, sumado a la destrucción de empleo y la aparición de los alquileres de temporalidad tienen mucho que ver. Hasta el Gobierno ha tomado partido... de forma polémica.

Los inquilinos, muchas veces criminalizados, se ven atados de pies y manos ante los posibles abusos por parte de sus arrendadores. Una de las medidas que se llevan a cabo en algunos países es la huelga de alquileres. Y aunque en España esa figura no existe ni está regulada en la legislación, está comenzando a extenderse en algunas ciudades y cuidado, porque esta práctica puede acarrear problemas.

Una medida para los problemas de vivienda

Huelga de alquileres, ¿es nuevo?. La huelgas de alquileres, en la que inquilinos se unen para dejar de pagar toda o parte de sus rentas, tiene una larga historia a nivel mundial. Estas protestas han ocurrido en países como Chile, Estados Unidos, México Canadá, Argentina y se remontan a más de un siglo. Pero en España, ahora están empezando a expandirse.

No es algo nuevo. En 1931 miles de familias en Cataluña dejaron de pagar sus alquileres. El problema es que en España, la huelga de alquileres no está regulada, lo cual podría traer problemas legales a quienes la realicen. Y esto no impide que en Madrid, algunos inquilinos hayan iniciado huelgas contra aumentos abusivos y cláusulas injustas.

La semana pasada, tras distintas reuniones analizando la problemática, el sindicato de inquilinos declaró una huelga de alquiler en Madrid. El resultado fue que cerca de 8.000 personas dejaron de pagar parcialmente sus rentas (entre ellas más de 900 residentes en diez bloques gestionados por un mismo fondo en Parla, Móstoles, Pinto, Villaverde, Carabanchel y Vallecas). Todos estos tienen en común el que están gestionados por “Nestar, la gestora propiedad del fondo buitre Azora, el tercer mayor casero de España”.

Los motivos tras este movimiento eran sobre todo los relacionados con el aumento de precio a partir del tercer año de arrendamiento y a la intención del fondo propietario de transferirles costos adicionales, como el IBI, la comunidad y el seguro de impago. Por ejemplo, el coste del alquiler pasó de 760 euros a 1.100 euros por vivienda.

Además de un contrato con cláusulas abusivas, los afectados hablan de un deficiente mantenimiento de las instalaciones, lo que las hace presentar un estado ruinoso. Un mantenimiento que según cuentan, debe realizar la gestora.

Con esta medida, los usuarios buscan que se respete el precio pactado en el contrato inicial. Según los afectados, el fondo buitre Nestar-Azora no está cumpliendo con este compromiso, aumentando el alquiler más allá de lo permitido por la normativa: “al llegar el tercer año de contrato, se activan cláusulas abusivas que permiten una subida muy superior al 3% anual establecido en la Ley de Arrendamientos Urbanos”.

El problema es que las huelgas de alquiler no están contempladas legalmente y pee a ello, siguen siendo una acción habitual de los sindicatos y grupos de presión. Esto se debe a que los propietarios, especialmente las grandes empresas, suelen verse obligados a negociar debido a los elevados costes, el tiempo requerido y las complicaciones para desalojar a un inquilino. Además, la saturación del sistema judicial español puede prolongar los procesos durante años, lo cual motiva a muchos propietarios a preferir una negociación antes que enfrentar un largo procedimiento legal.

Las consecuencias. El problema es que este movimiento, pese a contar con antecedentes, no está regulado ni respaldado por la legislación española y por lo tanto puede acarrear consecuencias legales para los inquilinos que dejen de pagar el alquiler de forma parcial o total.

En caso de impago, la denuncia sería de carácter civil, aunque esta no conllevaría la generación antecedentes penales. Si se pierde el juicio, se deberán asumir los costos y se emitirá una orden de desahucio.

Otras opciones y legales. Dicho esto, una posibilidad que tienen los afectados es totalmente legal y pasa por la consignación judicial del alquiler o lo que es lo mismo, depositándolo en el juzgado para evitar el desahucio.

Foto de portada | Markus Spiske

Vía | El Blog Salmón

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