En los últimos años resulta habitual que muchos usuarios cuando se estropea algún aparato piensen que sale más barato comprar uno nuevo que arreglarlo. Una forma de actuar que en parte es culpa nuestra, pero que ha sido promovida por los fabricantes dificultando el proceso de reparación y elevando los costes.
Esto es algo que la Unión Europea quiere cambiar en torno a lo que se conoce como "Derecho a reparar", una ley que lleva tiempo dando vueltas pero que finalmente se ha aprobado esta semana.
Aprobado el Derecho a reparar nuestros electrodomésticos
En concreto, el Parlamento Europeo ha aprobado el 23 de abril la directiva comunitaria sobre el Derecho a reparar, aunque ahora queda en manos de los diferentes países de la Unión su implementación concreta, incluido España.
No obstante, la idea de la normativa es favorecer que los productos se puedan arreglar fácilmente, después de que su garantía oficial de tres años haya terminado. Además, esta nueva norma pretende combinarse con otras que promueven el ecodiseño de los productos.
¿A qué productos afecta la nueva normativa? Pues por ahora a los aparatos y dispositivos cuyo diseño ya está sujeto a requisitos técnicos de reparabilidad, que tal y como recoge la OCU son los siguientes:
- Lavadoras, secadoras y lavadoras-secadoras.
- Lavavajillas, frigoríficos y aspiradoras.
- Pantallas electrónicas y tablets.
- Teléfonos móviles, teléfonos inalámbricos
- Servidores y productos de almacenamiento de datos.
- Productos que incorporan baterías de medios de transporte ligeros.
- Equipos de soldadura.
La nueva ley recién aprobada no es de efecto inmediato en España, ya que debe incorporarse en la futura Ley de Consumo Sostenible, pero tendrá implicaciones importantes como por ejemplo que el fabricante tiene la obligación de reparar el equipo gratuitamente o a un precio "razonable" en un tiempo también "razonable".
Y es precisamente este "razonable" el que deja abierta la puerta a que la efectividad de la normativa no sea todo lo útil que desearíamos, ya que podrían darnos por ejemplo un precio muy elevado y seríamos nosotros los que tendríamos que protestar ante los organismos de consumo correspondientes.
Los fabricantes están obligados a facilitar información gratuita y de fácil acceso sobre los precios de las reparaciones y las marcas no podrán negarse a reparar un producto porque haya sido reparado antes por otros técnicos o personas.
También se deben ofrecer piezas de repuesto y herramientas a un precio "razonable" (aquí puede surgir el mismo problema que comentábamos antes), y si el fabricante señala que la reparación es imposible, puede ofrecernos un producto reacondicionado en su lugar.
La nueva normativa también prohíbe a los fabricantes que puedan añadir una letra pequeña que impida a los usuarios el reparar sus productos. Un dispositivo no puede contar con limitaciones de software o hardware que impida una reparación casera. Esto quiere decir que un usuario podrá hacer uso de piezas y materiales de segunda mano, y hasta de piezas impresas en 3D, para reparar un dispositivo en casa.
Vía | OCU
Imagen portada | Kilian Seiler
Más información | Unión Europea
En Xataka Smart Home | Mi televisor no suena bien: ocho vídeos y test para comprobar que no se han estropeado sus altavoces internos
