El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha realizado una intervención este mismo lunes para anunciar un conjunto de medidas dirigidas a abordar uno de los temas más problemáticos de la sociedad española: el acceso a la vivienda. Durante la convocatoria, Sánchez subrayó cómo esta problemática afecta especialmente a jóvenes y clases trabajadoras, advirtiendo del riesgo de una división social entre "propietarios ricos e inquilinos pobres".
Según indicó, el aumento del 48% en los precios de la vivienda en Europa durante la última década, frente a un incremento mucho menor en los ingresos familiares, refleja una tendencia insostenible. Este contexto ha impulsado al Gobierno a tomar medidas concretas que complementen la reforma de la Ley del Suelo.
12 medidas para intentar aliviar el problema de la vivienda en España
Entre las principales iniciativas se encuentra la creación de una Empresa Pública de Vivienda, a la que el Gobierno ya ha transferido más de 3.300 viviendas y dos millones de metros cuadrados de suelo residencial. Este esfuerzo se reforzará con la incorporación inmediata de 13.000 viviendas procedentes de la SAREB, una entidad creada en 2012 para gestionar activos inmobiliarios problemáticos provenientes de bancos rescatados durante la crisis financiera con el objetivo de alcanzar progresivamente las 30.000 unidades.
Sánchez destacó que esta entidad busca revertir los efectos de la crisis inmobiliaria y asegurar que los recursos financiados con dinero público beneficien directamente a la ciudadanía. Además, la nueva sociedad contará con prioridad en la adquisición de inmuebles y terrenos, lo que permitirá evitar que el suelo público caiga en manos de "fondos buitre y especuladores", aunque siempre de manera complementaria a las comunidades autónomas.
Otra medida clave es el blindaje de la vivienda protegida construida por el Estado, que mantendrá su titularidad pública de forma indefinida. Con esta acción se busca evitar errores del pasado, cuando fondos buitres adquirieron estos inmuebles tras ser descalificados como viviendas protegidas. Según explicó el presidente, esta garantía a perpetuidad es fundamental para aumentar y proteger el parque público de vivienda, asegurando que se mantenga al servicio de quienes más lo necesitan.
En el ámbito de la innovación en la construcción, el Gobierno pondrá en marcha un Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) centrado en la construcción modular e industrializada. Este programa, que se desarrollará en la Comunidad Valenciana, busca reducir costes y tiempos de construcción mediante métodos más sostenibles y eficientes. Además de generar empleo, este modelo contribuirá a la reconstrucción de zonas afectadas por desastres naturales como la Dana.
En cuanto al alquiler, se implementará un sistema de garantías públicas inspirado en el modelo francés, que protegerá tanto a propietarios como a inquilinos. Este mecanismo priorizará a los menores de 35 años y estará operativo este mismo año. Además, se destinarán ayudas para la rehabilitación de viviendas vacías, con el objetivo de ponerlas en alquiler asequible durante un mínimo de cinco años. Estas acciones buscan movilizar parte de los cuatro millones de inmuebles vacíos en España, de los cuales 400.000 están ubicados en zonas de alta demanda.
En el ámbito fiscal, el Gobierno propone una exención del 100% en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) para aquellos propietarios que alquilen sus viviendas a precios asequibles, siguiendo los límites marcados por el Índice de Precios de Referencia. Esta iniciativa amplía las reducciones fiscales vigentes y busca incentivar el alquiler asequible en todo el país, no solo en las zonas tensionadas.
Por otro lado, se introducirá una regulación fiscal para las viviendas turísticas, que serán consideradas un negocio y tributarán mediante el IVA. Esta medida, limitada a zonas con dificultades de acceso a la vivienda o alta saturación turística, pretende desincentivar el uso de inmuebles como alojamientos vacacionales y fomentar su reconversión en viviendas de alquiler permanente.
El plan también incluye cambios fiscales para las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (Socimis), condicionando sus ventajas fiscales a la promoción de viviendas en alquiler asequible. Asimismo, se incrementará el gravamen fiscal para extranjeros extracomunitarios no residentes que compren vivienda en España, una medida destinada a priorizar el acceso de los residentes nacionales a los inmuebles disponibles.
Además, se reforzará la lucha contra el fraude en los alquileres temporales mediante un sistema de identificación y un fondo específico para aumentar las inspecciones en comunidades autónomas y municipios. Esta acción se enmarca en el Real Decreto que creó la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos, diseñada para regular plataformas como Airbnb y Booking.
Finalmente, el Gobierno ha anunciado un nuevo Plan Estatal de Vivienda que entrará en vigor en 2026, con un enfoque en ayudas para jóvenes, mayores, personas con discapacidad y residentes en zonas degradadas. Este plan, que continuará los objetivos del programa 2022-2025, priorizará el impulso del parque público y el apoyo a los colectivos más vulnerables, consolidando el compromiso del Ejecutivo con el acceso a la vivienda.
Imagen de portada | Sunguk Kim
En Xataka Smart Home | Los dueños de casas móviles deberán tener licencia urbanística, según una sentencia del Tribunal Supremo
Ver 0 comentarios